AVALE LA TORTURA

Desde la dictadura argentina, nuestro país pide justicia.

Igual que nuestros hermanos latinoamericanos, no queremos más tiempos sangre y muerte. Desde el genocidio armenio, se alzan las voces exigiendo justicia.

El genocidio en Ruanda también clamó justicia.

Desde que ocurrió la Shoa, hace más de cincuenta años, el mundo pide justicia.

Sin embargo, ¿Qué puede ser justicia en todos estos casos? Las muertes son irreparables, esas vidas no vuelven. Entonces la justicia se vuelve simbólica, pero tiene un sentido.

El sentido es en primer término institucional.

El segundo es un sentido educactivo.

El tercero, es simplemente sentido común.

Perdón si realizo un juicio de valor: No podré ser imparcial esta vez y me hago cargo. Institucionalmente, la justicia es la respuesta estatal frente a los hechos. Es que partido toma nuestro Estado, desde uno de sus poderes (el judicial) frente a un delito, y más aun, qué respuesta da frente a graves violaciones de derechos humanos. La calidad de la justicia de un estado determina, ni más ni menos, que la calidad de su nivel de democracia.

Recordando a Jhon Rawls, “Una concepción de justicia es más razonable que otra, si personas racionales en la situación inicial escogen sus principios por encima de los otros por el papel mismo de justicia (...) Debemos determinar qué principios se adoptarán racionalmente dada la situación contractual”. Estos principios serán los siguientes: 1.- Principio de libertades. Distribución de igual número de esquemas de libertades para todos. 2.- Principio de diferencia. Las desigualdades económicas y sociales han de estar estructuradas de manera tal que aseguren: a) mayor beneficio de los menos aventajados, y b) que cargos y posiciones estén abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. En un sentido educativo, la justicia intenta cumplir un rol ejemplicador, cuyo postulado mayor es siempre reiterado en las facultades de Derecho: LA JUSTICIA “Evita la venganza por mano propia”, resuelve el conflicto “civilizadamente” y ejemplifica en la civilidad que todos los ciudadanos debemos aspirar a conseguir. En términos de sentido común, la justicia aporta una respuesta ciudadana razonable a la victima: La victima de un delito sufrió un daño, y es coherente que necesite ser reparada. Claro que tomando las debidas garantias, pero la víctima merece su respuesta. Pareciendo tan sencillo el esquema, me pregunto cómo puede surgir desde la política uruguaya, la idea de caducidad para los crímenes de lesa humanidad en la dictadura. En primer término, no comprendo que calidad de democracia se persigue: Uruguay es parte de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y “caducar” las violaciones a estos derechos es ignorar esas leyes, burlando a la comunidad internacional y a sus propios órganos institucionales. Ni decir, reírse de sus ciudadanos.

No comprendo por que, si ante graves crímenes en Argentina seguimos persiguiendo a los culpables, nuestra hermana uruguaya decide perdonarlos. Si son igualmente asesinos, si torturaron del mismo modo, si del mismo modo produjeron dolor y muerte: ¿Por qué se quiere volver amnésica Uruguay?

Hasta Alemania, hoy, 60 años después, abre juicios contra los perpetradores nazis.

La justicia no sirve para que duela menos lo que ya dolió, pero si sirve para que el mundo sepa y no reincida.

Desde el sentido común: Aceptar la caducidad es estar de acuerdo con la tortura y con el asesinato masivo.

Si el Estado olvida, su dignidad habrá muerto para siempre de muerte violenta y asesina.

Y no le sera gratis el olvido: Cuando la justicia institucional se olvida, la memoria social despierta y puede resultar mas justa y mas hiriente, mas clara y abierta: ASi que no nos daremos por vencidos los defensores de la memoria: Si usted quiere olvidar, avale la tortura.